SANTA FE- DIARIO EL PANORÁMICO

Provincias agrícolas buscan una estrategia en conjunto para hacer cambios en el Código Penal

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, principales productoras agrícola ganadera, diseñan una estrategia en común para impulsar cambios en el proyecto que busca modificar el Código Penal elaborado por Justicia 2020. El mismo incorpora penas por contaminación del medio ambiente a partir de la utilización de agroquímicos, los cuales llegan con fuertes multas y hasta más de 15 años de prisión; y también hay sanciones por el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados (OGM).

La iniciativa que está en manos de la Cámara de Senadores propone entre cosas en su articulo 444, sanciones a aquel que «provoque o realice emisiones, vertidos, excavaciones o depósitos en la atmósfera, el suelo o las aguas», el cual puede causar «daños graves al aire, suelo, aguas, flora o fauna», este será penado con multas que van desde los 60 días hasta 25 años de prisión.

Se entiende que la nueva norma apunta a las políticas públicas en el cuidado de la salud de las personas. Sin embargo las provincias antes mencionadas entienden que la propuesta de ser aprobada tendrá consecuencias económicas en la actividad agrícola ganadera.

En el marco de Expoagro, el secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda mostró durante una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA), su preocupación dado que «si se viola alguna ley o normativa municipal, esta puede ser tomada por el nuevo Código con una sanción, en el cual no muestra diferencia entre falta y delito».

En el encuentro quedó en claro la ausencia de indicadores que muestren al sector cuándo está en el marco de la ley y cuándo no.

Otro son los OGM. Tema que pone a las semilleras como Bayer, Dow, Syngenta, entre otras, a estar atentas con los cambios en la Código Penal. En su artículo 447 sostiene en su inciso 1 que aquel que «introdujere, liberare o propagare en el ambiente organismos o microorganismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños al ambiente o a la salud», tendrá prisión de uno a seis años. También si se «vende, transporta o almacena u otra forma de comercialización». Las provincias entienden que no hay claridad dado que puede dar a interpretaciones «erróneas».

Desde el Ministerio de Agroindustria  de Buenos Aires, su titular Leonardo Sarquís sostuvo: «hemos armado mesas de trabajo para sugerir modificaciones a algo que ya va por un carril con el cual no estamos de acuerdo. Tenemos que tener mucha responsabilidad en las consideraciones municipales, premios y castigos, y controles, entre otros temas».

Igual ante el año electoral se entiende que habrá poco espacio para avanzar en este tipo de proyectos con lo cual las provincias observan que tienen tiempo para armar una estrategia.

Por lo pronto aprobaron en una reunión de la semana pasada transmitir una recomendación para trabajar todas las provincias en el ámbito del CFA y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) frente a un posible debate que se pueda dar en el Congreso.

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