EL PANORÁMICO

Promulgaron la Adhesión de Santa Fe a la denominada “Ley Micaela”

El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto que promulgó, con el Nº 13.891, la ley que dispone “la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integren los tres Poderes del Estado”.

Se trata de la norma que a nivel nacional se conoció como “Ley Micaela” -en nombre de la militante feminista violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos- que establece “la capacitación obligatoria en Derecho y Perspectiva de Género y prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

La adhesión santafesina a la ley nacional identifica como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género, o el organismo que la reemplace. Será “quien articulará con los Colegios de Abogados de la provincia, para el desarrollo de la capacitación, pudiendo hacer extensiva la convocatoria a otros organismos vinculados a la temática”.

El último de los artículos de la norma es clave para extender a cada ciudad y pueblo de la bota el cambio cultural que supone la Ley Micaela a nivel nacional. Dice simplemente “invitase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley”.

Para las comisiones comunales y los Concejos Municipales, la adhesión a la ley provincial implicará adoptar la normativa nacional y, con ello, dejar sentada en una ordenanza la obligación de la capacitación para los empleados municipales.

Durante el debate en la Legislatura santafesina, e incluso antes de que la Cámara de Diputados comenzará su labor en comisiones, algunas municipalidades se adelantaron a la norma provincial. E incluso, parte de ellas enviaron notas a la Legislatura santafesina en favor de la adhesión a la ley nacional.

OBLIGATORIEDAD EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO

Micaela García fue una de las militantes más activas del “Ni una menos”. El femicidio de la joven en Entre Ríos precipitó la norma que busca educar contra la violencia de género.

Entre los puntos más importantes contemplados en la Ley Nacional Nº 27.499 se destaca el carácter obligatorio de los cursos de capacitación que el Estado organice para su personal.

Establece como “falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos”.

La ley prevé la participación -en todas las instancias- de las organizaciones sindicales del sector en resguardo de los intereses de las personas que trabajan en la función pública, y encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres diseñar los contenidos mínimos curriculares, en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley.

Dispone que esos contenidos deben velar por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas.

También la ley ha previsto que en los materiales de capacitación exista una reseña de la vida de Micaela García, militante social y política en cuya memoria se instituye este programa, y de otras víctimas de femicidio, así como de la historia de organización y lucha del movimiento de mujeres en Argentina.

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