EL PANORÁMICO

Cuestionan proyecto de Ley de Biocombustibles del oficialismo

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Las principales cámaras empresariales del sector de biocombustibles cuestionaron en la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos que propone reducir del 10% al 5% el corte obligatorio del gasoil con biodiésel, y volvieron a pedir la prorroga de la normativa que vence el 12 de mayo próximo.

En el inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, subrayó que el encuentro fue convocado con «carácter informativo, como marco regulatorio de biocombustibles» y que «la idea es poder intercambiar y escuchar fundamentalmente, las opiniones de los actores del sector sobre el proyecto».

Al responder a un pedido formulado por el diputado de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodriguez, dijo que se invitará a los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Medio Ambiente, Juan Cabandie, para que el Poder Ejecutivo opine sobre esta iniciativa.

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Desde Juntos por el Cambio, el mendocino Omar de Marchi adelantó que su bloque no avalará que se convoque a una reunión para dar dictamen al proyecto, «ya que no están dadas las condiciones para emitir despacho en el contexto actual y requiere un mayor debate».

En otro tramo del encuentro, la diputada Graciela Camaño consideró que primero debe tratarse el proyecto que ya tiene sanción del Senado -que prórroga la ley hasta 2024- y que en ese marco deben incorporarse los cambios.

Desde el sector privado,. los empresarios pidieron la extensión del actual sistema, cuestionaron la reducción del 10% al 5% del corte obligatorio con biodiesel y advirtieron la posibilidad de que se produzca el cierre de pequeñas empresas del sector de no prosperar su pedido.

El representante de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (Cigbo), José Vicente Porta, sostuvo: «No podemos dar ningún paso para atrás y no podemos bajar el corte de biodiésel, como propone el proyecto».

«No se puede separar la producción de etanol, de burlanda y de otros insumos, es una integralidad, no podemos dejar a los animales sin comida porque decidieron no hacer cortes de la nafta», agregó.

A su turno, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), señaló que con la actual ley «se han realizado inversiones para instalar plantas que permitieron el desarrollo de economías regionales, exportaciones que generan divisas».

En ese marco, advirtió que si se rebaja el corte al 5% «se verán afectadas muchas empresas pymes» a causa de las dificultadas que enfrentarán para poder mantenerse productivas.

Por su parte, Alejandro Abad, en representación de la cámara sectorial, señaló que las empresas «han invertido millones de dólares» y consideró que «sería lamentable volver atrás».

«Nadie hubiese instalado una planta sino hubiera existido esta ley y se van a cerrar las pymes si no se mantiene, necesitamos el corte del 10%», subrayó.

El representante de la Cámara de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, pidió que la Cámara de Diputados apruebe el proyercto que ya tiene sanción del Senado, que prorroga la ley que vence a mediados de mayo próximo.

«El proyecto que estamos poniendo sobre la mesa no es el mejor porque rebaja los cortes y, en nuestro criterio, no es la mejor estrategia por varios motivos pero el fundamental es el cuidado ambiental», resaltó Zubizarreta.

Desde la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Axel Boerr, sostuvo que el proyecto del oficialismo es «inviable, ya que la baja del corte sería reemplazada por gasoil importado. Esto tiene dos soluciones, una es desde el Poder Legislativo encorsetar a la autoridad de aplicación y la otra es cambiar la autoridad de aplicación».

Otro expositor, en este caso en su rol de especialista, el exsecretario de Energía Jorge Lapeña se pronunció a favor de que se postergue la vigencia de la ley que vence en mayo por un plazo corto y en ese tiempo «debatir con consensos y fundamentos claros respecto a la transición energética que ha planteado el acuerdo de París».

El director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno Claudio Molina, cuestionó que aún no se haya resuelto la discusión de la prórroga de la ley y señalo que la actual norma «es no mala sino el problema es su judicialización».

En tanto, el el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijoo, sostuvo que «es necesaria una ley con el mayor acuerdo entre los sectores políticos y productivos. El Congreso es el ámbito donde tenemos que hacer ese trabajo y donde debemos llevarlo a cabo con el esfuerzo y voluntad puesto en ello».

También expusieron Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz); el presidente de Bioetanal Río Cuarto, Manuel Ron; y Federico Pucciareiello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).

El proyecto de ley presentado por Omar Félix y otros diputados del Frente de Todos mantiene el sistema de promoción y fabricación de biocombustibles hasta 2030, reduce del 10 al 5 % el corte obligatorio de biodiesel y mantiene el corte de nafta con etanol en torno al 12% actual.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, el mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

La iniciativa prevé también la posibilidad de que la Secretaría de Energía pueda «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas».

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

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